En un giro que despierta serias inquietudes, un nuevo decreto presidencial limita el acceso a la información pública desafiando “otra vez” la confianza en las instituciones democráticas. En un momento en que la transparencia debería ser la norma, este decreto restringe uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía: el acceso a la información. La historia argentina, con episodios escandalosos, demuestra cómo la revelación de información puede desestabilizar gobiernos. Al centralizar el poder y debilitar los mecanismos de control, se alimenta la desconfianza y se abre las puertas a posibles abusos.